Notas de Prensa

Entrega del informe al Registro del Ministerio de Medio Ambiente el viernes, 20 de julio de 2007, a las 13:00

Contacto: Ecologistas en Acción, Erika Gonzalez Briz 610 897 418

NOTA DE PRENSA SOBRE LA PUBLICACIÓN DE INFORME DE BANDERAS NEGRAS DE AGUAS INTERIORES

El 68% de las áreas de baño catalogadas inicialmente por el Estado español (catálogo de 1994) han desaparecido como por arte de magia, a pesar de que incluso un mayor número de bañistas siguen usándolas. La importancia de la catalogación de las aguas de baño reside en que éstas tienen garantizado, por ley, el control de calidad de sus aguas y medidas de protección de riesgos contra la salud. Mientras las descatalogadas o no catalogadas no tienen ningún tipo de control sanitario.

La descatalogación de zonas de baño lo han sufrido sobre todo los ríos y embalses, por tanto, se podría decir, sin ningún género de dudas, que la calidad higienico-sanitaria de las zonas de baño españolas no está bajo los parámetros de calidad de la legislación y por tanto la salud de los ciudadanos que se bañan en ellas no está ni controlada, ni garantizada. Los porcentajes de las zonas de baño sin controlar llegan a ser especialmente graves en el caso de Castilla y León que ha descatalogado el 96% de sus zonas de baño, o Andalucía que llega al 83 %, aunque la que se ha tomado más en serio esta medida ha sido Asturias que ha descatalogado sus únicas cinco zonas de baño interiores, es decir, llega al 100% de descatalogación.

Desde Ecologistas en Acción, queremos denunciar el incumplimiento de forma continuada por parte del Estado español, tanto de la normativa básica en materia de aguas en lo relativo a la protección de las aguas interiores, como la específica de aguas de baño. En lugar de velar por la tutela de la calidad de estas aguas de baño, solucionando el grave problema de contaminación de las aguas continentales, no sólo no ha puesto en marcha medidas eficaces para este objetivo sino que además ha utilizado una maniobra de manipulación de la información pública, consistente en la descatalogación de las aguas de baño que no se adaptan a los parámetros mínimos de calidad.

Las principales causas del deterioro de los ecosistemas acuáticos que albergan estas zonas de baño son la falta de depuración de aguas residuales, así a lo largo de este año era público cómo 800 núcleos urbanos que representaban 6,5 millones de personas incumplen la directiva de depuración de aguas residuales. En el caso de Andalucía, la falta de depuración ha llegado a representar 24,9% de la población. Esta situación incrementa el estado de contaminación por eutrofización que afecta a la mitad de los embalses, a lo que se suma los vertidos de productos fitosanitarios de la agricultura intensiva y la excesiva carga de purines de la ganadería. También habría que destacar el impacto sobre los ecosistemas de agua dulce que tienen el crecimiento exponencial de la construcción de nuevas viviendas y creación de nuevos núcleos urbanos, fundamentalmente en el Arco Mediterráneo.

El urbanismo tiene un doble impacto sobre los ecosistemas acuáticos, por un lado reduce los caudales de ríos, lagunas, embalses y acuíferos, favoreciendo el deterioro o desaparición de estos ecosistemas. Por otro lado, se incrementa de forma exponencial el volumen de aguas residuales urbanas que se vierten y si esto se añade a la falta de una infraestructura de depuración, el resultado es el deteriorado grado de conservación de los ecosistemas acuáticos.

Con este panorama no es de extrañar que en la actualidad haya 365 zonas de baño descatalogadas, siendo el porcentaje del 68.2%. Ello hizo que, en noviembre de 2003, el Tribunal de Justicia le impusiera una multa al Estado español por seguir incumpliendo los estándares de calidad en aguas interiores, como ríos y lagos. Aunque en 2007 la Comisión Europea publicó un informe en el cuál mejoraba la calidad de aguas de baño en el Estado español, la propia Comisión reconocía que la línea de gestión utilizada era quitar la catalogación a las zonas de baño y llamaba la atención sobre la necesidad de afrontar los problemas de contaminación de los ecosistemas acuáticos en vez de impedir que las personas utilicen estas zonas como áreas de recreo.